La portavoz foral, Eider Mendoza, ha subrayado que, actualmente, tanto la Diputación como Bidegi no hacen otra cosa que cumplir escrupulosamente con la legalidad vigente, ya que esta establece que las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales el día en que sea publicado su fallo, función que corresponde al Letrado de la Administración de Justicia. Hasta ese momento, sigue en vigor la Norma Foral 6/2018, aprobada por las Juntas Generales, y que la Diputación Foral por sí misma no tiene facultad para derogar o suspender. 

Asimismo, ha dado a conocer que la institución foral no procederá a la aprobación de un decreto foral-norma para mantener el cobro del peaje en las citadas vías de alta capacidad. Tras un análisis jurídico en profundidad, hemos abogado por mantener la seguridad jurídica en un asunto que ya de por sí cuenta con diversos elementos de incertidumbre, evitando así añadir más confusión a esta cuestión, ha explicado. Al mismo tiempo, ha recordado que la Diputación sigue trabajando en la elaboración de una nueva Norma Foral sin tramos, evitando posibles interpretaciones de discriminación a transportistas extranjeros. En este sentido, la portavoz foral ha remarcado que la decisión inicial de establecer un peaje en estas vías sigue intacta y que obedece al mandato dado en 2010 por las Juntas Generales, tras acordar todos los partidos políticos que la financiación de las carreteras de alta capacidad, su mantenimiento y mejora debían ser financiadas por el pago por uso.