En la reunión mantenida con la Subdirectora General de Transporte Terrestre, Alicia Rubio y los responsables de inspección de varias comunidades autónomas, los representantes del Comité expresaron su preocupación debido a que las empresas buzón y de países con costes sociales y fiscales mucho más bajos, siguen ejerciendo un dumping social que está acabando paulatinamente con el sector. 

Los representantes del Ministerio reconocieron la dificultad por la falta de medios para llevar a cabo la labor inspectora que requiere, a todas luces más agentes, más formación y un mayor control en las fronteras, comprometiéndose a mejorar estos aspectos en el próximo ejercicio.

El Plan presentado anuncia, una vez más, un especial control centrado en las empresas deslocalizadas hacia países con menores costes de explotación, y también sobre aquellas cooperativas de trabajo asociado en las que, de manera fraudulenta, sus socios no tienen una verdadera relación societaria. Ni todas las empresas internacionalizadas, ni todas las cooperativas de trabajo asociado son fraudulentas, pero es imprescindible sacar del mercado las que operan ilegalmente alterando el mercado, algo que según destacó la Sra. Rubio requiere un trabajo minucioso de coordinación entre cuatro Ministerios. Coordinación que debe también producirse con las Comunidades Autónomas. Volvemos a lo mismo hacen falta más recursos humanos y más formación.

Además, también fija como objetivo prioritario el control en las fronteras del transporte realizado por empresas extranjeras, en operaciones tanto de carácter internacional como de cabotaje. Estas cuestiones son muy importantes ya que el número de vehículos extranjeros que transitan por las carreteras españolas es muy grande, prácticamente el 60 % de ellos, más de dos millones al año, son extranjeros por lo que para nuestro sector resulta fundamental que se persiga a aquellos que esquivando las normas establecidas ejercen una competencia desleal lejos de sus fronteras.

En el marco europeo resulta esencial conseguir un equilibrio basado en que las empresas operen allí donde estén instaladas y generen riqueza. El Paquete de Movilidad aprobado el pasado mes de agosto recoge la obligación de acreditar el establecimiento efectivo y la presencia real de las empresas allí donde trabajan, con el objetivo de perseguir a las empresas buzón. Esta obligación entrará en vigor en febrero de 2022, pero tal como muestran los datos, el sector no puede esperar, por lo que es muy importante que la inspección sea efectiva.

Hay un dato revelador y es que España es el segundo país que más transporte internacional realiza, superado solo por Polonia. Esto solo puede explicarse por la masiva entrada de empresas de otros países que empobrecen el sector y dinamitan el mercado.

Para que este plan no quede en papel mojado, es necesario que los inspectores competentes de cada organismo concernido cuenten con un plan de formación específico sobre la diversa casuística de transporte, de manera que puedan detectar las actuaciones anticompetitivas basadas en complejas estructuras empresariales, creadas para eludir las normas establecidas. Más inspectores con formación específica y más agentes también formados y con los medios tecnológicos adecuados para interceptar a los irregulares, esto es lo que el sector lleva años demandando.