
En la reunión mantenida con la Subdirectora General de Transporte Terrestre, Alicia Rubio y los responsables de inspección de varias comunidades autónomas, los representantes del Comité expresaron su preocupación debido a que las empresas buzón y de países con costes sociales y fiscales mucho más bajos, siguen ejerciendo un dumping social que está acabando paulatinamente con el sector.
Los representantes
del Ministerio reconocieron la dificultad por la falta de medios para llevar a
cabo la labor inspectora que requiere, a todas luces más agentes, más formación
y un mayor control en las fronteras, comprometiéndose a mejorar estos aspectos
en el próximo ejercicio.
El Plan presentado
anuncia, una vez más, un especial control centrado en las empresas deslocalizadas hacia países con menores
costes de explotación, y también sobre aquellas cooperativas de trabajo
asociado en las que, de manera fraudulenta, sus socios no tienen una verdadera
relación societaria. Ni todas las empresas internacionalizadas, ni todas las
cooperativas de trabajo asociado son fraudulentas, pero es imprescindible sacar
del mercado las que operan ilegalmente alterando el mercado, algo que según
destacó la Sra. Rubio requiere un trabajo minucioso de coordinación entre
cuatro Ministerios. Coordinación que debe también producirse con las
Comunidades Autónomas. Volvemos a lo mismo hacen falta más recursos humanos y
más formación.
Además, también fija
como objetivo prioritario el control en las fronteras del transporte realizado
por empresas extranjeras, en operaciones tanto de carácter internacional como
de cabotaje. Estas cuestiones son muy importantes ya que el número de vehículos
extranjeros que transitan por las carreteras españolas es muy grande,
prácticamente el 60 % de ellos, más de dos millones al año, son extranjeros por
lo que para nuestro sector resulta fundamental que se persiga a aquellos que
esquivando las normas establecidas ejercen una competencia desleal lejos de sus
fronteras.
En el marco europeo
resulta esencial conseguir un equilibrio basado en que las empresas operen allí
donde estén instaladas y generen riqueza. El Paquete de Movilidad aprobado el
pasado mes de agosto recoge la obligación de acreditar el establecimiento efectivo
y la presencia real de las empresas allí donde trabajan, con el objetivo de
perseguir a las empresas buzón. Esta obligación entrará en vigor en febrero de
2022, pero tal como muestran los datos, el sector no puede esperar, por lo que
es muy importante que la inspección sea efectiva.
Hay un dato
revelador y es que España es el segundo país que más transporte internacional
realiza, superado solo por Polonia. Esto solo puede explicarse por la masiva
entrada de empresas de otros países que empobrecen el sector y dinamitan el
mercado.
Para que este plan
no quede en papel mojado, es necesario que los inspectores competentes de cada
organismo concernido cuenten con un plan de formación específico sobre la
diversa casuística de transporte, de manera que puedan detectar las actuaciones
anticompetitivas basadas en complejas estructuras empresariales, creadas para
eludir las normas establecidas. Más inspectores con formación específica y más
agentes también formados y con los medios tecnológicos adecuados para interceptar
a los irregulares, esto es lo que el sector lleva años demandando.
Resumen de las principales actuaciones diseñadas sector transporte mercancías.